Es incorrecta porque atribuye la garantía de derechos a organizaciones no gubernamentales, cuando el texto indica que esta función corresponde al Estado mediante el orden constitucional.

Es correcta porque el texto señala explícitamente que el sistema político costarricense se organiza a partir de la Constitución Política, lo que define al país como un Estado de Derecho con independencia de poderes y seguridad jurídica.

Es incorrecta porque limita el alcance de los derechos constitucionales a un grupo etario específico, lo cual contradice el carácter general de los derechos y deberes establecidos en la Constitución.

Es incorrecta porque plantea una organización política basada en acuerdos informales, contraria a la existencia de un marco constitucional que estructura y regula el régimen democrático costarricense.